El estrepitoso fiasco en la Cumbre del Cambio Climático de Copenhague nos viene a demostrar que hasta la fortaleza económica del conglomerado europeo de 500 M de habitantes no es suficiente para volcar las voluntades de estados emergentes con seis veces más población. Ni el poderío económico estadounidense pudo imponer su supuesta hegemonía sobre los designios globales a la cada vez más poderosa pero vulnerable China. El acuerdo de mínimos pactado por EE. UU. con China, India, Brasil y Sudáfrica a espaldas de la UE ha sido un juego sucio que acabará siendo un boomerang que le volverá en cuestión de pocos años.
Como telón de fondo el 18 de diciembre de 2009, pendía la lenta muerte anunciada de un organismo cuya inutilidad se hace más patente con cada día que pasa. La ONU como foro de debate hacia el consenso ha tocado su fin. Incapaz de conseguir un logro beneficioso para toda la Humanidad, ¿cómo podrá de aquí en adelante pretender ser el velador de la paz y la justicia social? Ni siquiera ha sido capaz de llamar al orden a los países miembros de sus órganos económicos agrupados en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
En España, el problema del cambio climático va mucho más lejos que el mero control de las emisiones de CO2 o su justificación económica mediante la compra de los derechos de emisión de países pobres o en vías de desarrollo. España tiene en común con los vecinos del continente africano el alto riesgo de desertificación. Asimismo, comparte con los países ribereños del Mare Nostrum (a propuesta de Sarkozy se formó un nuevo con sede en Paris y sub-sede en Barcelona) los problemas de la contaminación marina y de las mareas cambiadas que pudieran inundar las zonas costeras. ¿Dónde se consideran en esta Ley de Economía Sostenible estos asuntos? Tal como está redactado en su borrador, ni se considera el asunto primordial del agua ni se tiene en cuenta que dentro de 25 años, es más que probable que las algas serán una importante fuente de alimento en sustitución de las hortalizas que dejarán de cosecharse, y hasta de la carne cuya producción resulta tan contaminante para la atmósfera.
Por lo tanto, las nuevas leyes que lleven la palabra “sostenibilidad” (palabro según la RAE, al aún no considerarla oficial) no pueden pararse en lo económico. Tiene que abrirse hacia las verdaderas causas que hacen “insostenible” la avaricia de los gestores de lo económico en un entorno mundial que ya ha pasado de un libre mercado a otro globalizado donde todo vale con tal de que gane más.
Y aquí es donde entran en escena las empresas y sus directivos.
España es un país netamente de servicios. Intentar confundir al público hablando de nuestra industria como si fuéramos una potencial industrial al estilo alemán es casi un delito. Claro que tenemos industria pero sometida en su gran mayoría a controles foráneos y/o patentes extranjeras.
El sector notablemente industrial en España es el del automóvil con sus numerosas fábricas en numerosas regiones – Andalucía, Aragón, Castilla-León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra – con empleos indirectos en todas las demás por el suministro de componentes. ¿De qué marcas estamos hablando en este sector? Hasta la única marca española, SEAT, es propiedad de la alemana VOLKSWAGEN.
La actividad industrial que habrá que potenciar es la innovadora, donde el know-how es netamente español, quedándose el beneficio del conocimiento y el talento de nuestras gentes en las arcas del Estado Español. Para ello, hay que dejar de cegarse con las grandes elocuencias de los interlocutores multinacionales que cuando vienen a invertir, lo primero que espetan es – ¿Cuánto hay en subvenciones si vengo a España? Hasta lo dicen cuando tienen que reflotar industrias en España que funcionan bien pero que pertenecen a empresas mal gestionadas en EE. UU., Alemania, Francia o Japón. Basta con mencionar a GENERAL MOTORS, dueño de OPEL, a su vez propietario de la planta de Figueruelas (la mejor planta de producción en Europa).
También hay que dejar de servir a los grandes empresarios del sector servicios, que en su rutina de beneficios seguros han sido incapaces de poner al día sus actividades, haciendo que sectores tan rentables como el del turismo, hoy no ingresen lo que deberían. No menciono más por no extenderme en análisis de cada sector y problema.
Además, España adolece de un exceso de intermediación en su cadena de suministro en todas las actividades llamadas “productivas”. Es una palabra que a mí como profesional me parece caduca para los tiempos que estamos. Prefiero hablar de rendimiento neto.
Si redujéramos intermediarios, los agricultores no estarían tan perjudicados y su auge permitiría una ordenada redistribución de la población activa, con la consecuente conservación del entorno rural. Sólo en esta acción, ya estábamos contribuyendo a un reajuste automático favorable al medioambiente. Si no dejáramos que unos grandes almacenes vendieran productos financieros o que las entidades financieras no vendieran vajillas y cacerolas, igual daríamos un respiro a los pequeños comercios y a los profesionales asesores en inversión.
Asimismo, una supervisión de las actividades empresariales y márgenes de beneficio eliminaría la existente monopolización del negocio en manos de los más fuertes económicamente. No hay que olvidar que España es un país de micro-empresas y pequeñas empresas. Para llegar a contabilizar a las verdaderamente medianas empresa, no necesitamos más que unos minutos. Y si de grandes empresas estamos hablando, pues igual las mencionamos en un santiamén.
Para justificar mi afirmación, es suficiente decir que Hacienda solamente tuvo que convocar a 27 directivos para informarles de sus políticas de recaudación y pedirles su colaboración. Estas empresas constituyen el 40% de la recaudación de las arcas públicas pero no empleen ni el 10 % de la población activa de este país. ¿Se gobierna para esta élite o para los casi 50 M de ciudadanos españoles y residentes inmigrantes que contribuyen el otro 60% de los ingresos?
El 80% del empresariado español pertenece al perfil de PYME o micro-empresa, precisamente los que peor están sufriendo la falta de financiación de entidades financiera desde el comienzo de la crisis. ¿Por qué no habilita el ICO directamente los créditos a estos empresarios en lugar que seguir entregando avales para créditos con los bancos y cajas que no abren el grifo? Si hace falta reformar los estatutos del ICO, ¿a qué está esperando el Gobierno?
Y aquí viene el capital humano español.
Tenemos de los mejores profesionales con talento que muchos otros países desearían tener. Allí la prueba de como acogen en EE. UU. y países europeos a españoles no sólo en investigación sino también en puestos directivos en distintos sectores. ¿Por será que no florece ese talento en nuestro propio país?
Les doy la respuesta, y además la verdadera solución a cualquier tipo de crisis económica. No fomentamos que brote el talento. No lo han hecho los sucesivos gobiernos de la democracia, menos lo hacen los empresarios que no tienen capacidad de evaluación del valor de sus recursos humanos.
Algunos empresarios no tienen dotes para poder evaluar justamente la valía y el talento de sus empleados. Otros no quieren darles el justo valor para no tener que abonar los justos emolumentos de tal talento. Y en las grandes o medianas empresas, los mandos intermedios actúan de filtros sucios para que las respectivas direcciones no sepan lo que han entre sus filas. Así se afianzan en sus puestos y no tienen riesgo de competencia.
Ni las agrupaciones empresariales ni los sindicatos han corregido estos errores de percepción. Peor aún, con su pasividad o “mirar hacia otra parte”, perpetran a diario numerosas injusticias. Muchos excelentes trabajadores acaban desmotivados y hasta quemados. De allí el menor rendimiento neto individual y la falta de competitividad del conjunto empresarial.
Y ya para cerrar, formulo estas preguntas a todos los que estamos implicados –
¿Qué beneficio obtienen los sindicatos cada vez que dan el visto bueno a una ERE de una de las grandes o medianas empresas?
¿Cuántos trabajadores en paro han pactado con sus empresas sus despidos como improcedentes para poder cobrar el paro de modo irregular?
¿Cuánto parado que accede a la prestación de desempleo actualmente sigue trabajando en su antigua empresa u en otra, constituyendo la economía sumergida que ni cotiza ni liquida impuestos?
Puedo afirmar sin temor a equivocarme que por lo menos unas 800.000 personas de los que actualmente figuran en las listas del paro, o bien podrían trabajar en otros empleos o tienen alguna situación dudosa en su despido (por parte de la empresa o de la suya o por pacto entre ambos). Y hay otro millón de trabajadores que sin un reciclaje en profundidad, jamás encontrarán un puesto de trabajo ni cuando acabe este ciclo de crisis.
¿Quién hace por transformar todo este talento mal aprovechado?
Fernando Fuster-Fabra Fdz.
Consultor Estratégico
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