DESARROLLO SOSTENIBLE: MEDIOAMBIENTE, EMPRESA Y EL CAPITAL HUMANO

No basta con legislar aunque se legisle bien. La ejecución de cada ley es asunto de todos, de cada uno de los actores en el escenario social y económico. Además, a España le toca vivir en el marco de un entorno político más amplio desde que se incorporó de pleno derecho hace dos décadas a la Unión Europea.

El estrepitoso fiasco en la Cumbre del Cambio Climático de Copenhague nos viene a demostrar que hasta la fortaleza económica del conglomerado europeo de 500 M de habitantes no es suficiente para volcar las voluntades de estados emergentes con seis veces más población. Ni el poderío económico estadounidense pudo imponer su supuesta hegemonía sobre los designios globales a la cada vez más poderosa pero vulnerable China. El acuerdo de mínimos pactado por EE. UU. con China, India, Brasil y Sudáfrica a espaldas de la UE ha sido un juego sucio que acabará siendo un boomerang que le volverá en cuestión de pocos años.

Como telón de fondo el 18 de diciembre de 2009, pendía la lenta muerte anunciada de un organismo cuya inutilidad se hace más patente con cada día que pasa. La ONU como foro de debate hacia el consenso ha tocado su fin. Incapaz de conseguir un logro beneficioso para toda la Humanidad, ¿cómo podrá de aquí en adelante pretender ser el velador de la paz y la justicia social? Ni siquiera ha sido capaz de llamar al orden a los países miembros de sus órganos económicos agrupados en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En España, el problema del cambio climático va mucho más lejos que el mero control de las emisiones de CO₂ o su justificación económica mediante la compra de los derechos de emisión de países pobres o en vías de desarrollo. España tiene en común con los vecinos del continente africano el alto riesgo de desertificación. Asimismo, comparte con los países ribereños del Mare Nostrum (a propuesta de Sarkozy se formó un nuevo con sede en Paris y sub-sede en Barcelona) los problemas de la contaminación marina y de las mareas cambiadas que pudieran inundar las zonas costeras. ¿Dónde se consideran en esta Ley de Economía Sostenible estos asuntos? Tal como está redactado en su borrador, ni se considera el asunto primordial del agua ni se tiene en cuenta que dentro de 25 años, es más que probable que las algas serán una importante fuente de alimento en sustitución de las hortalizas que dejarán de cosecharse, y hasta de la carne cuya producción resulta tan contaminante para la atmósfera.

Por lo tanto, las nuevas leyes que lleven la palabra “sostenibilidad” (palabro según la RAE, al aún no considerarla oficial) no pueden pararse en lo económico. Tiene que abrirse hacia las verdaderas causas que hacen “insostenible” la avaricia de los gestores de lo económico en un entorno mundial que ya ha pasado de un libre mercado a otro globalizado donde todo vale con tal de que gane más.

Y aquí es donde entran en escena las empresas y sus directivos.

España es un país netamente de servicios. Intentar confundir al público hablando de nuestra industria como si fuéramos una potencial industrial al estilo alemán es casi un delito. Claro que tenemos industria pero sometida en su gran mayoría a controles foráneos y/o patentes extranjeras.

El sector notablemente industrial en España es el del automóvil con sus numerosas fábricas en numerosas regiones – Andalucía, Aragón, Castilla-León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra – con empleos indirectos en todas las demás por el suministro de componentes. ¿De qué marcas estamos hablando en este sector? Hasta la única marca española, SEAT, es propiedad de la alemana VOLKSWAGEN.

La actividad industrial que habrá que potenciar es la innovadora, donde el know-how es netamente español, quedándose el beneficio del conocimiento y el talento de nuestras gentes en las arcas del Estado Español. Para ello, hay que dejar de cegarse con las grandes elocuencias de los interlocutores multinacionales que cuando vienen a invertir, lo primero que espetan es – ¿Cuánto hay en subvenciones si vengo a España? Hasta lo dicen cuando tienen que reflotar industrias en España que funcionan bien pero que pertenecen a empresas mal gestionadas en EE. UU., Alemania, Francia o Japón. Basta con mencionar a GENERAL MOTORS, dueño de OPEL, a su vez propietario de la planta de Figueruelas (la mejor planta de producción en Europa).

También hay que dejar de servir a los grandes empresarios del sector servicios, que en su rutina de beneficios seguros han sido incapaces de poner al día sus actividades, haciendo que sectores tan rentables como el del turismo, hoy no ingresen lo que deberían. No menciono más por no extenderme en análisis de cada sector y problema.

Además, España adolece de un exceso de intermediación en su cadena de suministro en todas las actividades llamadas “productivas”. Es una palabra que a mí como profesional me parece caduca para los tiempos que estamos. Prefiero hablar de rendimiento neto.

Si redujéramos intermediarios, los agricultores no estarían tan perjudicados y su auge permitiría una ordenada redistribución de la población activa, con la consecuente conservación del entorno rural. Sólo en esta acción, ya estábamos contribuyendo a un reajuste automático favorable al medioambiente. Si no dejáramos que unos grandes almacenes vendieran productos financieros o que las entidades financieras no vendieran vajillas y cacerolas, igual daríamos un respiro a los pequeños comercios y a los profesionales asesores en inversión.

Asimismo, una supervisión de las actividades empresariales y márgenes de beneficio eliminaría la existente monopolización del negocio en manos de los más fuertes económicamente. No hay que olvidar que España es un país de micro-empresas y pequeñas empresas. Para llegar a contabilizar a las verdaderamente medianas empresa, no necesitamos más que unos minutos. Y si de grandes empresas estamos hablando, pues igual las mencionamos en un santiamén.

Para justificar mi afirmación, es suficiente decir que Hacienda solamente tuvo que convocar a 27 directivos para informarles de sus políticas de recaudación y pedirles su colaboración. Estas empresas constituyen el 40% de la recaudación de las arcas públicas pero no empleen ni el 10 % de la población activa de este país. ¿Se gobierna para esta élite o para los casi 50 M de ciudadanos españoles y residentes inmigrantes que contribuyen el otro 60% de los ingresos?

El 80% del empresariado español pertenece al perfil de PYME o micro-empresa, precisamente los que peor están sufriendo la falta de financiación de entidades financiera desde el comienzo de la crisis. ¿Por qué no habilita el ICO directamente los créditos a estos empresarios en lugar que seguir entregando avales para créditos con los bancos y cajas que no abren el grifo? Si hace falta reformar los estatutos del ICO, ¿a qué está esperando el Gobierno?

Y aquí viene el capital humano español.

Tenemos de los mejores profesionales con talento que muchos otros países desearían tener. Allí la prueba de como acogen en EE. UU. y países europeos a españoles no sólo en investigación sino también en puestos directivos en distintos sectores. ¿Por será que no florece ese talento en nuestro propio país?

Les doy la respuesta, y además la verdadera solución a cualquier tipo de crisis económica. No fomentamos que brote el talento. No lo han hecho los sucesivos gobiernos de la democracia, menos lo hacen los empresarios que no tienen capacidad de evaluación del valor de sus recursos humanos.

Algunos empresarios no tienen dotes para poder evaluar justamente la valía y el talento de sus empleados. Otros no quieren darles el justo valor para no tener que abonar los justos emolumentos de tal talento. Y en las grandes o medianas empresas, los mandos intermedios actúan de filtros sucios para que las respectivas direcciones no sepan lo que han entre sus filas. Así se afianzan en sus puestos y no tienen riesgo de competencia.

Ni las agrupaciones empresariales ni los sindicatos han corregido estos errores de percepción. Peor aún, con su pasividad o “mirar hacia otra parte”, perpetran a diario numerosas injusticias. Muchos excelentes trabajadores acaban desmotivados y hasta quemados. De allí el menor rendimiento neto individual y la falta de competitividad del conjunto empresarial.

Y ya para cerrar, formulo estas preguntas a todos los que estamos implicados –

¿Qué beneficio obtienen los sindicatos cada vez que dan el visto bueno a una ERE de una de las grandes o medianas empresas?

¿Cuántos trabajadores en paro han pactado con sus empresas sus despidos como improcedentes para poder cobrar el paro de modo irregular?

¿Cuánto parado que accede a la prestación de desempleo actualmente sigue trabajando en su antigua empresa u en otra, constituyendo la economía sumergida que ni cotiza ni liquida impuestos?

Puedo afirmar sin temor a equivocarme que por lo menos unas 800.000 personas de los que actualmente figuran en las listas del paro, o bien podrían trabajar en otros empleos o tienen alguna situación dudosa en su despido (por parte de la empresa o de la suya o por pacto entre ambos). Y hay otro millón de trabajadores que sin un reciclaje en profundidad, jamás encontrarán un puesto de trabajo ni cuando acabe este ciclo de crisis.

¿Quién hace por transformar todo este talento mal aprovechado?

Fernando Fuster-Fabra Fdz.

Consultor Estratégico

¿ECONOMÍA O DESARROLLO SOSTENIBLE?

Completado el ciclo de propuestas que se iniciaron con los presupuestos 2010 y que han culminado con el debate sobre la propuesta de ley titulada Ley de Economía Sostenible, estamos en condiciones de hacer una valoración estratégica de las medidas gubernamentales para afrontar la crisis en sus distintas vertientes que afectan a España y a todos los que residimos en este Estado.

Quiero referirme a la carta abierta que he enviado y al mismo tiempo publicado en mi blog, dirigido a la Vice-Presidenta 2ª y Ministra de Economía, Dª Elena Salgado Méndez, en relación con las medidas tomadas para 2010 en relación con la crisis que nos azota.

http://carta-a-elena-salgado.blogspot.com/

Además, de lo dicho de modo resumido en el escrito, quisiera explayarme en el análisis de la “verdadera crisis” y como el enfoque de soluciones requieren mucho más que tibias medidas que se van desvelando poco a poco, como si el Gobierno estuviera temeroso de una reacción adversa a posibles medidas impopulares que tarde o temprano tendrán que emprenderse.

Mi rechazo al término “economía sostenible” no pretende hacer desmerecer a las medidas propuestas por el equipo económico. Ningún grupo parlamentario puede dejar de admitir (aunque sea para sí mismos) que en líneas generales, las medidas propuestas son necesarias. Y como ciudadano y experto en estrategia, añado – pero son insuficientes para atajar el problema en toda su magnitud de sostenibilidad y progresión hacia la innovación competitiva.

Aquí es donde deseo argumentar la notable diferencia entre “economía sostenible” y “desarrollo sostenible”.

Cuando se ha hablado de “economía sostenible” en el seno de la Unión Europea, los economistas han pretendido dar una denominación a una política común financiera que amparara la ya consolidada moneda única. Ello es debido a las distintas fases y velocidades que han permitido llegar a la actual Unión de 27. A pesar de planes de cohesión en primer lugar y el actual de convergencia, los Estados Miembros mantienen unas distancias notables en alcanzar las exigencias impuestas en su día en Maastricht hace ya más de una década. Entonces, en una etapa creciente de las economías, lo que se pretendió fue equiparar las más rezagadas con las más desarrolladas. Hoy, esos principios no tienen validez en parte al haber sucedido una serie de contratiempos ya en esta primera década del Nuevo Milenio. Además, las reticencias de los socios más influyentes han impuesto barreras para una plena integración económica allá donde se concedió un visto bueno a la incorporación política. Esta situación viene arrastrándose desde la época Delors donde lo económico-político copó la prioridad, dejando los asuntos sociales para más adelante.

Mientras la mini-crisis de principios de década casi no alteró a las grandes potencias, sí afectó a los países en vía de desarrollo hasta tal punto que pudo haberse desestabilizado el concepto de globalización de mercadas en marcha. Es en ese momento que nace el G-20, que en la última Cumbre de Pittsburgh toma el relevo de la G-8, sin aún ver exactamente lo que vaya a aportar este nuevo foro tras tres cumbres y un año de tejes manejes.

El “desarrollo sostenible” es un concepto más completo y bien ideado con posibilidades de cubrir en la totalidad las necesidades de una población mundial aún sumergida en claros contrastes entre países desarrollados, en vía de desarrollo y sumergidos en la pobreza. Como destaco en el escrito a la Sra. Salgado, el comité presidido por la Dra. Bruntland hizo un magnífico trabajo que resultó en el informe de 1987 en el seno de las Naciones Unidas. Los que hemos trabajado sobre las bases de esas conclusiones hemos visto que no hay otro camino para el desarrollo equitativo en el planeta que no tome los tres puntales de referencia – las sociedades del mundo con sus respectivos ciudadanos, la conservación del medioambiente y de los recursos de cada estado existente y un flujo económico entre estados sin barreras proteccionistas.

Para su aplicación, se necesitaba unos organismos mundiales competentes y efectivos, que tuvieran el respaldo solidario de todos los estados con más recursos no sólo económicos sino de medios estratégicos, que prestaran a los menos desarrollados su apoyo monetario, know-how y habilidades de gestión para que esos estados pudieran salir de sus condiciones primarias de desarrollo y de la pobreza de sus poblaciones. Sin embargo, desde los ’80 hasta la fecha, la globalización solamente ha servido los intereses de los más poderosos para doblegar aún más a los países en vías de desarrollo y a los sub-desarrollados con recursos naturales. Aprovechándose de la mano de obra barata, se ha producido para después aplicar barreras protectoras al ver los mercados desarrollados desbordados por productos baratos que compitieran con producciones de calidad pero más caras. La ONU cada vez ha pintado menos y con ella los organismos económicos como el FMI y el Banco Mundial.

En ese mare magnun de la globalización, alentado por los nuevos medios de comunicación inmersos en las TIC, el mundo desarrollado y dominante en lo económico miró hacia otro lado en todo aquello que suponía la protección del medioambiente y el apoyo social a los menos favorecidos. Hoy, estamos cosechando los efectos de aquellos que con su avaricia han ganado enormes sumas en operaciones no siempre transparentes pero han hundido al conjunto de estados en una crisis económico-financiera sin parangón.

Es por ese motivo, y revierto a España, que una ley que se limite a hablar de la “economía sostenible” ofrece poco para las necesidades del momento crítico actual. Además, ninguna ley es garante de que su promulgación vaya a tener el 100% del efecto deseado, por cual motivo, hay que adosarle los medios para llevar a cabo su eficaz implementación. Y aquí tropezamos con las responsabilidades subrogadas en las Administraciones Públicas de las Autonomías.

Después de leer todo lo que la Ley de Economía Sostenible abarca en las distintas acciones anunciadas primero por la Sra. Vice-Presidente 2ª y después ampliada (con añadidos) por el Presidente Rodríguez Zapatero, pregunto al Gobierno, ¿qué medios ha previsto para garantizar el fiel cumplimiento de la ley después de su supuesta aprobación y redacción del reglamento pertinente?

Como experto en estrategia, debo recalcar que únicamente se considera estratégico aquel plan que incorpora acciones, recursos & medios y programa los tiempos de ejecución. Todo lo demás es mera táctica puntual que jamás entra ni siquiera en el medio plazo. Como a mi entender por las palabras del Sr. Presidente, esta ley pretende diseñar un plan de largo alcance hasta 2020, o el Ministerio de Economía se está reservando bazas de negociación al estilo del anuncio de una posible reforma laboral en el discurso del Sr. Presidente, o es que se piensa tácticamente ir añadiendo trozos al rompecabezas según respiren los distintos grupos parlamentarios.

Y aquí es donde creo que pudiera radicar el quid de la cuestión. Los términos empleados a lo largo de los debates en 2009 no me gustan ni me convencen.

Como experto, digo que no tenemos que hablar únicamente de productividad en un estado como el español que es mayoritariamente de empresas de servicios. Se debe hablar de rendimiento. Mientras que la productividad refleja el resultado económico de una inversión efectuado en un proceso de producción o fabricación en un periodo de tiempo laboral de un número de trabajadores, el rendimiento contempla la capacidad de generar beneficios en ese mismo tiempo considerando el óptimo aprovechamiento de los recursos y la creación de un valor intangible adicional muy valioso imputable al desarrollo de una idea innovadora.

Aquí el reto que enfrenta a un empresariado entre “abaratar costes” recortando plantilla o apostar por el requisito real de la innovación, que es generar ideas innovadoras con el talento de la plantilla que “potencie cada Euro invertido”. Mientras que para la mayoría de los empresarios, un empleado es un gasto, en este momento preciso, debería saber convertir ese gasto en inversión mediante la aportación del talento como valor añadido de la empresa. No resolverá la crisis recortar gastos como predican algunos convencionales sino en emplear mejor cada unidad monetaria para sacar el máximo provecho de tal desembolso. Hay que convertir todo lo que sea posible de gasto a inversión y encima tener el remanente que aporta el talento de las respectivas plantillas.

Esta política estratégica no sólo debe aplicarlo el empresariado sino que también debe ser aplicado por las respectivas Administraciones Públicas. Y aquí hago mención del Plan E. No discuto que momentáneamente las inversiones del Gobierno han creado 400.000 puestos de trabajo y que probablemente han evitado el cierre de muchas pequeñas empresas. Lo que insisto, y el tiempo lo demostrará, es que esa misma inversión, con toda certeza, podría haber producido por lo menos otros 100.000 puestos más y haber salvado a muchos otros autónomos y otras tantas micro-empresas. Para citar un ejemplo de un gasto superfluo que ha sido catalogado como inversión del Plan E – la construcción de una réplica de la Puerta de Brandemburgo en Torrejón de Ardóz con un presupuesto millonario. Pregunto, ¿con qué fin? ¿Quién aprobó semejante despilfarro? Podría citar varias docenas de proyectos que he estudiado y cuyos presupuestos y/o objetivos no recibirían el visto bueno de una comisión de control competente.

Lo mismo sucede en el seno del 80% de las pequeñas y medianas empresas de este país. Hay gastos innecesarios, algunas con fondos provenientes de subvenciones europeas, estatales o autonómicas, que pudieran invertirse en otros conceptos de mucho mayor rendimiento. En ocasiones, sobre todo entre autónomos y micro-empresas, la falta de información y de habilidades directivas hacen que los empresarios tomen acciones equivocadas. Pero también hay entre nosotros aquellos que saben bien como moverse entre la legalidad y la picaresca, como es el caso del IVA, las cotizaciones de la SS.SS. y los despidos pactados para después crear mayor economía sumergida. ¿Es eso lo que contribuye a salir de la crisis?

Y desde el Ministerio de Economía & Hacienda, ¿es más necesario tener más intermediarios, aunque sean expertos, como mediadores entre los empresarios y los bancos a cargo del presupuesto del ICO o es preferible contratar 60 nuevos Inspectores de Hacienda y/o de la Inspección del Trabajo para sancionar a los empresarios infractores? Además, de crear una competencia desleal y entrar en una posible contradicción legal al contratar pre-jubilados, ¿de que servirá esa mediación si al final la decisión de la concesión del crédito sigue siendo potestad de la entidad bancaria?

Lo que procede es una transformación radical más que meras reformas sobre un modelo caduco. No se puede seguir insistiendo en fórmulas ya obsoletas. Cambien Uds. el ICO para que vuelva a haber una entidad de “crédito oficial” abierto directamente a los emprendedores. Después de ver lo que los bancos hacen con los avales sin abrir de nuevo el crédito ni al empresario ni al ciudadano, ¿por qué seguir comprometiendo la liquidez del Estado hasta el punto que S&P ponga nuestro rating en cuarentena? A veces me pregunto si corre sangre por las venas de los funcionarios y empresarios de este país. Ya sabemos que no todos tendrán la agilidad mental y determinación de actuar que tiene un Emilio Botín pero es que llevamos un año sin reaccionar inmersos en dialécticas y críticas de aquellos que deberían arrimar el hombro al Estado y aportar ideas para salir de esta situación. De poco sirve lamentarse, revisar datos históricos, buscar culpables o hacer previsiones que no se sostienen a los 30 días.

La clave no está en reformas a la antigua usanza sino en una valiente transformación del modelo. Y esa transformación debe estar asentada sobre nada menos que el talento acumulado de casi 47 M de españoles y residentes foráneos, con su rica diversidad, en este Estado Español en cual vivimos, trabajamos y deseamos pertenecer.

¿Por qué se niegan a ver esa realidad?

Fernando Fuster-Fabra Fdz.

Consultor en Asuntos Estratégicos Internacionales

Nota del Autor: En otro blog, analizaré el tema social y todo lo relacionado con el cambio climático.